SIN CADENAS SOBRE LOS PIÉS
Una mirada crítica sobre la liberación de detenidos en el marco de la pandemia
Una vez más, el licenciado en Seguridad Alberto Meni Battaglia, comisario inspector retirado de la Policía Federal Argentina y ex gerente de Seguridad de Brinks Argentina, vuelve a aportar en esta columna su mirada sobre la problemática de la inseguridad. En esta ocasión ofrece su parecer sobre la polémica decisión de liberar presos de las cárceles en el actual contexto de pandemia. Meni Battaglia es además profesor de Eje del Derecho y de Derecho Administrativo en la Escuela de Cadetes de la Federal, Juan Ángel Pirker.
Luego de un paréntesis forzado por circunstancias que sería muy complicado de explicar, nuevamente queridos lectores retomo mi columna sobre la visión crítica y técnica en materia de Seguridad.
Es evidente que los acontecimientos del mundo han modificado profundamente las circunstancias que rigen la vida diaria de nuestro país. En todo el mundo estamos soportando una pandemia terrible que nos modificó totalmente la vida hasta prohibirnos a los argentinos abrazarnos y saludarnos como lo marcan nuestras raíces latinas.
Respecto a los detalles sanitarios de la pandemia prefiero dejárselo a los médicos expertos y profesionales de la salud, “zapatero a tus zapatos”, como dice el refrán. Sí quiero referirme a sus derivados en materia de seguridad.
Cabe recordar que el nuevo gobierno nacional marcó un cambio de rumbo en este sentido. De tener una ministra de Seguridad (Patricia Bulrich) con tolerancia cero para los delincuentes, pasamos a convivir con otra funcionaria (Sabrina Frederic) con una visión diametralmente opuesta. No es la intención de estas líneas juzgar la actuación de cada una de ellas e incursionar en política partidaria, pero sí observar circunstancias que a simple vista resultan correctas o incorrectas.
Sea cual fuere la simpatía política que cada uno posea, estoy seguro que nadie está de acuerdo en abrir la puerta de las cárceles para que peligrosos delincuentes (léase violadores, asesinos y ladrones) sin cumplir su pena ni atravesar ningún inconveniente legal, regresen alegremente a formar parte de la sociedad y vuelvan a cometer los delitos por los cuales fueron detenidos y juzgados.
Una medida que, más allá de las terribles consecuencias que supone para la sociedad, se trata de un procedimiento engorroso que insume un gasto para el Estado, es decir para todos nosotros como contribuyentes, con los altos impuestos que abonamos, sea cual fuere el gobierno de turno.
Insisto se trata de una medida sumamente peligrosa e inconsulta que, gracias a que el pueblo indignado reaccionó y salió a manifestarse en contra, la sangría se detuvo. Ese reclamo explícito le ató las manos a los jueces que no cumplen con la tarea y obligación que les confió el Estado, pero lamentablemente, por la actuación de ministros y secretarios de Estado -con una rapidez digna de mejores causas- lograron dejar las cárceles más de 700 (setecientos) presos que alegremente circulan por la calle y cometen toda clase de delios y tropelías.
Al ver la reacción del pueblo se dijo que a estos malos jueces se los iba a someter a juicio político, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada al respecto. Ninguno de los jueces que liberaron presos fueron siquiera citados por el Consejo de la Magistratura para que den cuenta de su conducta.
La excusa fue la pandemia, el peligro que corrían los internos por el hacinamiento que existen en las cárceles de nuestro país, pero hubo casos en que los liberados eran políticos corruptos, con sentencias firmes corroboradas por la correspondiente cámara judicial.
Hasta aquí llegamos queridos amigos. Gracias por estar allí, nos reencontraremos en la próxima edición.
