De un tiempo a esta parte, el aumento de las cuotas de las prepagas se transformó en una constante y como consecuencia, un número creciente de familias está dejando de abonarlas y opta por volver a las obras sociales o recurre al sistema público de salud. Una tendencia que va en constante aumento y que podría derivar, a corto plazo, en el colapso del sistema sanitario argentino.
Por si hiciera falta corroborarlo, las cifras son elocuentes. En los últimos dos años se incrementó en 742 mil la cantidad de personas sin cobertura de salud, las cuales ahora dependen exclusivamente del sistema público. En el segundo semestre de 2023, el 67,5% de la población contaba con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia. En igual período de 2025, esa proporción se redujo 2,1 puntos porcentuales, hasta ubicarse en el 65,4%. Esto implica que “la población que sólo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas”, señala un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base al Indec.
La situación le suma una presión adicional a la red de hospitales y centros de salud estatales, lo que plantea desafíos para la capacidad de respuesta y la calidad de atención. Esto afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, para quienes el acceso a una prepaga resulta cada vez más inaccesible frente a la escalada de costos. En ese sentido, el reporte del IAG también subraya que no es un dato menor que las prepagas hayan aumentado un 417% en esos dos años, muy por encima de la inflación acumulada, que fue del 293%.
El trasfondo de estos datos no es otro que la conjunción letal entre la pérdida de puestos de trabajo, la devaluación del salario y la liberación de precios impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Esto ocurre mientras el mercado laboral se precariza a niveles extremos: cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan en la informalidad y, por lo tanto, carecen de cobertura médica. Es decir, el 36.3 %. A ello se suma que se perdieron 206 mil empleos registrados desde noviembre de 2023, lo que explica directamente la migración forzada desde las obras sociales (atadas al trabajo formal) hacia la atención pública.
El propio IAG ironiza sobre el relato oficial: “Paradójicamente, después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”, justo cuando el gobierno de Milei pregona el achicamiento del Estado en beneficio del sector privado. En ese sentido, mientras la demanda al sistema público se dispara por los aires, la respuesta del Estado nacional es el vaciamiento presupuestario.
Por otra parte, un estudio de la Universidad de Buenos Aires determinó que casi el 50% de los jóvenes en la Argentina está en situación de vulnerabilidad (más de 4 millones), y que el 72,2% de ellos no accede a atención médica a través de obra social o prepaga. El principal obstáculo para obtenerla es la falta de inserción laboral a un empleo formal. Pero mientras los problemas de salud mental se incrementan y cada vez más personas son dependientes del sistema público, el Gobierno prevé en el presupuesto que atiendan a menos pacientes.
La salud, se sabe, es un derecho fundamental y no puede ser reducida a una mercancía cuyo acceso dependa de la capacidad de pago. Por eso resulta imperativo avanzar hacia un Sistema Único de Salud, financiado íntegramente por el Estado, que garantice una cobertura igualitaria, universal y gratuita para toda la población. Con campañas de prevención y asistencia en todos los barrios populares. Sólo un modelo social que ponga fin al lucro y a la ganancia en el campo sanitario, y que oriente los recursos al desarrollo científico y tecnológico y hacia la cobertura de las grandes mayorías, podrá haber una “Salud para todos”.
En épocas donde la empatía es un valor en retirada, tal vez haya llegado la hora de demostrar que, mal que le pese al gobierno, la Argentina sigue latiendo al calor de su gente. De toda su gente.
Lic. Ricardo Daniel Nicolini
(cosasdebarrio@hotmail.com)