Seguridad y convivencia en las aulas porteñas. En esta nota, todos los detalles.
Por la Mgter. Vanesa Aichino (*)
La Ciudad de Buenos Aires ha dado un paso firme para proteger la convivencia en las aulas tras una serie de incidentes que encendieron las alarmas en la comunidad educativa. Con la mirada puesta en la prevención y la seguridad, el Gobierno porteño lanzó un nuevo protocolo diseñado específicamente para abordar amenazas en las escuelas, dejando en claro que estas acciones no son “travesuras escolares”, sino conductas que acarrean consecuencias legales y sociales serias.
El nuevo esquema de actuación, presentado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a los ministerios de Educación y Seguridad, establece pautas rigurosas sobre cómo debe reaccionar el personal docente y las autoridades ante mensajes intimidatorios, ya sean pintadas, notas en papel, publicaciones en redes sociales o advertencias directas. La premisa central es que cualquier amenaza de violencia es un delito y, como tal, requiere la intervención inmediata de la Justicia y, en casos específicos, de las fuerzas de seguridad.
El protocolo tiene cuatro ideas centrales. Primero, un enfoque legal: cualquier amenaza de violencia se considera un delito que requiere intervención judicial inmediata. Segundo, la acción docente: el personal debe llamar al 911 (a partir de esta instancia se deben seguir las indicaciones que se brinden) y ante la sospecha de armas, se debe aislar al alumno y llamar al número de emergencia, no intentar sacar el objeto. Se deben llevar a cabo estos pasos, aunque se sospeche que es una imitación de un arma. Sólo las fuerzas de seguridad pueden determinar su autenticidad. Tercero, la prevención en el hogar: se insta a las familias a supervisar la vida digital de los menores para evitar retos virales o bromas que deriven en causas judiciales. Cuarto, las medidas institucionales: las escuelas podrán restringir el ingreso de mochilas y reforzarán la vigilancia en espacios comunes como pasillos y baños. Asimismo, se incluyen acciones preventivas de concientización para evitar repetición de situaciones.
Una de las novedades más relevantes de esta normativa es la delimitación de roles dentro del colegio. Ante la presencia de amenazas, la escuela debe hacer la denuncia de manera inmediata a través de la línea 911. Deberá comunicar la situación a la Supervisión Escolar o al superior jerárquico correspondiente. Ante el hallazgo de una pintada o nota (legible), se deberá preservar el espacio físico sin alterar evidencia. El personal escolar tiene prohibido realizar requisas directas o confrontaciones físicas. Asimismo, se introduce el concepto de reparación, buscando que los jóvenes responsables de estos hechos comprendan el impacto de sus actos y realicen acciones que sanen el vínculo con su comunidad educativa.
El rol de las familias se vuelve crucial en este nuevo escenario. Las autoridades han enfatizado que el hogar es el primer filtro para detectar cambios de comportamiento o señales de angustia que puedan derivar en este tipo de conductas. Se insta a los padres a mantener un diálogo abierto y honesto sobre el uso de la tecnología, advirtiendo que los retos virales o las “bromas” en plataformas digitales pueden terminar en operativos policiales y causas judiciales que afecten tanto al menor como a sus responsables adultos.
Acompañando este proceso desde casa, se recomienda a las familias involucrarse activamente en la vida digital de sus hijos, supervisando los contenidos que consumen y producen. Es fundamental explicarles que la red no es un espacio de anonimato total y que los mensajes de violencia tienen un peso real en la vida de sus compañeros y docentes. Ante una situación de crisis en la escuela, la sugerencia para los padres es mantener la calma y seguir las vías de comunicación oficiales de la institución, evitando difundir textos de amenazas que sólo buscan alimentar el pánico.
El protocolo también prevé un refuerzo en la supervisión de los espacios comunes de las escuelas, como pasillos y baños, y habilita a las instituciones a tomar medidas excepcionales, como la restricción temporal del ingreso de mochilas si el riesgo lo amerita. Con estas herramientas, la Ciudad busca devolver la previsibilidad a las escuelas y asegurar que el foco de los chicos se mantenga en lo más importante: aprender en un entorno de paz y respeto mutuo.
El jueves 14 de mayo respetando la Agenda Educativa se realiza un Espacio para la Mejora institucional en las escuelas con suspensión de clases. Uno de los temas claves a trabajar es la protección digital infantil y adolescente con orientaciones para el acompañamiento, la prevención y el cuidado en entornos digitales. Asimismo, planificar proyectos de convivencia desde todas las áreas.
Es necesario compartir una reflexión sobre los complejos días que se vienen transitando. Un número considerable de instituciones ha debido activar el “Protocolo ante amenazas” y son situaciones que no sólo interrumpen la jornada pedagógica, sino que vulneran profundamente la convivencia y el clima institucional que tanto esfuerzo lleva construir. Es fundamental comprender que, ante una amenaza, la prioridad absoluta es la protección de los jóvenes. La intervención de la policía no es una elección azarosa, sino una obligación legal y operativa para garantizar la integridad física de todos. Sin embargo, sabemos que el ingreso de las fuerzas de seguridad a las escuelas genera una lógica inquietud; por ello, se trabaja para que ese proceso sea lo menos disruptivo posible para los alumnos.
A modo personal, quiero dejar en claro que una vez que se avisa a la policía, es ella quien toman el control de las decisiones técnicas y los pasos a seguir dentro de la escuela. Estos hechos no terminan con la revisión del edificio. Cada caso se remite inmediatamente a una Fiscalía para su investigación penal. Existe un proceso posterior de seguimiento exhaustivo de cada situación particular para deslindar responsabilidades. “La escuela no puede sola”. Estas mal llamadas “bromas” requieren de un trabajo en común entre las familias y las instituciones. Se necesita que en cada hogar se hable sobre la gravedad de estos actos, que no sólo movilizan recursos públicos innecesariamente, sino que dañan la sensación de refugio que debe ser la escuela. Sigamos trabajando juntos para que el diálogo sea la única herramienta de resolución de conflictos y para preservar el derecho de nuestros niños a aprender en un entorno de paz.
(*) Aichino es licenciada y magister en Educación, Supervisora Escolar del D.E. 13 y vecina de Liniers.