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Las consecuencias -y el placer- de navegar contracorriente

En épocas donde la voracidad de los negocios inmobiliarios no conoce límites y cuenta además con el aval de un sector preponderante de la clase política, plantarse en la vereda de enfrente para hacer valer los derechos, las necesidades y la historia de la comunidad barrial, se parece mucho a una quijotada. Y vaya si lo saben los vecinos de Barrio Naón.

Durante los últimos años, a partir del cambio en el Código Urbanístico, se ha multiplicado la construcción de edificios que rompen la identidad del barrio y, en paralelo, genera múltiples problemas, como rotura de napas, veredas, sobrecarga en los servicios, tránsito intenso y pérdida de calidad de vida.

El nuevo Código cambió las reglas y establece un “área de desarrollo” en las manzanas linderas a autopistas -donde se incluye a la avenida General Paz- que promueve proyectos como el rechazado en 2017, en el inmueble de Vialidad y en el actualmente ocupado por instalaciones de la flota automotor del Gobierno porteño, en General Paz y Emilio Castro, entre otros. En ese predio en particular, el Código Urbanístico permite construir hasta veinticuatro pisos.

No obstante, lejos de quedarse de brazos cruzados, los vecinos optaron por organizarse y tomar el toro por las astas. El año pasado presentaron un amparo colectivo, respaldado por más de tres mil firmas, y en noviembre lograron frenar el avance en la construcción de una torre de quince pisos, que incluso afectó las napas freáticas, extrayendo agua de forma irregular durante meses. Ese edificio -que paradójicamente está siendo comercializado por la inmobiliaria local Florencio González- corresponde a un emprendimiento de la empresa Urbanhaus y se está construyendo en Ercilla 7653, a metros de la colectora de General Paz. Allí, según advierten los vecinos, la constructora aún adeuda la evaluación de impacto ambiental y mantiene diversas irregularidades en la tramitación del proyecto de obra.

No obstante, a mediados de enero pasado el amparo fue rechazado en primera instancia y, tras la apelación vecinal, el expediente hoy se encuentra en cámara a la espera de una sentencia definitiva. En ese marco, el 26 de enero los obreros retomaron el trabajo en la obra -que de concretarse llegaría casi a los cincuenta metros de altura- y avanzan con la losa del tercer piso y las paredes medianeras.

Pero los vecinos saben que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Y entre tanto, la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones falló a favor de la comunidad, respaldando los planteos que vienen realizando sobre el impacto urbano que generaría esa obra. A su vez, la Defensoría del Pueblo porteña se presentó en la causa como Amicus Curiae (una figura legal que acompaña a las partes para aportar argumentos jurídicos) y señaló distintos aspectos que considera irregulares o cuestionables del proyecto, acompañando el reclamo de los vecinos.
En ese marco, el martes 10 de marzo se realizó la audiencia ante la Cámara de Apelaciones, donde los jueces escucharon atentamente a todas las partes involucradas: representantes de la empresa constructora, del Gobierno de la Ciudad y a los vecinos. Durante la audiencia, la empresa y el Gobierno porteño sostuvieron la postura técnica y legal, argumentando que el proyecto estaría permitido por la normativa vigente. A su vez, los vecinos pudieron explicar por qué la construcción de edificios de quince pisos en un barrio de casas bajas genera un impacto urbano evidente, por lo que la obra debería ser considerada de “relevante efecto”, tal como lo indica la Constitución de la Ciudad cuando una intervención puede alterar significativamente el entorno urbano. Expusieron además que la catalogación urbanística resulta cuestionable, ya que en 2018 se redujeron las alturas permitidas en calles como Ercilla y Saladillo, pero dos predios del barrio quedaron con alturas de Corredor Alto, lo que evidencia una situación que prioriza el interés inmobiliario por sobre el de los vecinos.

La Justicia deberá definir ahora si prima la letra fría de una normativa cuestionada o el derecho de los ciudadanos a proteger el entorno urbano en el que viven.

Lic. Ricardo Daniel Nicolini

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